Durante años, permanecer de pie por horas ha sido parte de la jornada cotidiana de millones de personas trabajadoras en México, especialmente en sectores como el comercio, los servicios y la manufactura. Aunque muchas de estas labores podrían realizarse en posición sentada, las condiciones laborales han normalizado una práctica que, con el tiempo, puede acarrear afectaciones físicas como fatiga crónica, várices, dolor lumbar e incluso trastornos musculoesqueléticos. Lo que hasta hace poco parecía una costumbre no cuestionada, hoy se enfrenta a un cambio legal que busca proteger la salud y dignidad de las y los trabajadores.

La conocida "Ley Silla" representa un paso importante en la evolución del derecho laboral en México. No se trata sólo de permitir que alguien se siente, sino de establecer un principio de respeto básico hacia quienes sostienen muchas de las actividades económicas del país. Con esta reforma, se busca garantizar el acceso a condiciones mínimas de confort y ergonomía en los centros de trabajo, rompiendo con viejas estructuras laborales que priorizaban la apariencia del servicio sobre el bienestar de las personas.

Reforma laboral con enfoque ergonómico

El 19 de diciembre de 2024 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la fracción XXXIX Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a los patrones a proporcionar una silla con respaldo a las personas trabajadoras, siempre que sus funciones lo permitan. Esta disposición entró oficialmente en vigor el 20 de enero de 2025, marcando un precedente importante para la salud laboral en México.

El objetivo principal es prevenir daños causados por la permanencia prolongada en posición de pie, particularmente en actividades que podrían desempeñarse en una postura sentada. Aunque parece una medida simple, su trasfondo involucra temas de salud pública, derechos laborales, igualdad y ergonomía.

La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en abril de 2024, respaldada por un consenso político que destacó la urgencia de combatir las condiciones laborales inadecuadas. Esta disposición forma parte de una serie de ajustes legales enfocados en mejorar la salud en el trabajo y establecer entornos laborales más humanizados y sostenibles.

Impacto en el entorno laboral

El cumplimiento de la Ley Silla implica diversos cambios en la estructura y organización del trabajo, tanto en el plano físico como en el operativo. Las empresas deberán realizar evaluaciones internas para determinar qué áreas, funciones y turnos requieren modificación. No se trata únicamente de añadir una silla; debe existir un compromiso por integrar principios ergonómicos de forma sistemática.

Beneficios esperados:

¿Qué deben hacer las empresas?

Implementar esta medida exige más que buenas intenciones. Es necesario tomar acciones concretas y organizadas para cumplir con la ley y evitar posibles sanciones por incumplimiento.

Diagnóstico de actividades: las áreas de recursos humanos o seguridad e higiene deben realizar una revisión de cada puesto para determinar si puede desempeñarse en posición sentada sin afectar la calidad o seguridad del servicio.

Adquisición de mobiliario adecuado: las sillas proporcionadas deben contar con respaldo, estabilidad y características ergonómicas básicas. No se trata de cumplir “por cumplir”, sino de garantizar beneficios reales a la salud.

Capacitación al personal: es recomendable informar tanto a supervisores como a trabajadores sobre los derechos que implica la Ley Silla, así como los criterios para su correcta implementación.

Supervisión y seguimiento: el cumplimiento debe ser verificable. Las empresas pueden integrar esta medida a sus programas de seguridad y salud en el trabajo, e incluso contemplarla en auditorías internas.

Retos en la implementación

Uno de los desafíos principales radica en los sectores donde se ha normalizado la permanencia de pie como parte del “servicio al cliente”, como tiendas departamentales, supermercados o cadenas de comida rápida. Cambiar esta lógica cultural requerirá tiempo, capacitación y voluntad corporativa.

Además, habrá que definir con claridad los casos donde no sea viable proporcionar sillas, como en trabajos con alta movilidad, actividades técnicas o funciones donde la postura sentada represente un riesgo mayor. La autoridad laboral tendrá un papel clave en establecer criterios para estos escenarios.

Esta reforma no solo es un acto de justicia laboral, sino una inversión en la salud de quienes hacen funcionar a las empresas. Las organizaciones que la implementen de manera proactiva no solo evitarán multas, sino que verán mejoras reales en la retención del talento, la satisfacción del equipo y la productividad.

Incorporar principios de ergonomía no debería depender de una ley. Sin embargo, el hecho de que ahora esté respaldado por la legislación laboral mexicana obliga a dejar atrás prácticas que, aunque toleradas durante décadas, resultan insostenibles en un entorno de trabajo digno.